Estas son las implicaciones del BOE sobre el mercado inmobiliario en Cataluña
El Ministerio de Vivienda y
Agenda Urbana ha promulgado una resolución que otorga validez a la declaración
de la Generalitat de Cataluña de 140 municipios como zonas tensas por un
período de tres años, a partir del 16 de marzo de 2024. Esta medida, publicada
en el Boletín Oficial del Estado del 15 de marzo, tiene implicaciones
significativas para el mercado inmobiliario catalán que te explicamos en Finques Polinyà.
La lista de municipios
incluidos en esta área tensa abarca una amplia gama geográfica, desde Badalona
hasta Tarragona, e incluye ciudades importantes como Barcelona, Girona, Lleida
y Terrassa, entre otras.
Con la activación de esta
zona tensa, se introducen varios cambios importantes. Se define el concepto de
"gran tenedor", abarcando tanto a personas físicas como jurídicas que
posean cinco o más inmuebles urbanos residenciales dentro de esta área o que, a
nivel nacional, posean más de diez inmuebles urbanos residenciales o una
superficie construida superior a 1.500 m2 de uso residencial. Los profesionales
inmobiliarios tienen la obligación de informar a los potenciales arrendatarios
sobre la condición de zona tensa, además de incluir información detallada sobre
las rentas previas y los índices de referencia de precios de alquiler
aplicables.
Se establece una prórroga
de tres años para los contratos de arrendamiento firmados después del 26 de
mayo de 2023 en estas zonas tensas, así como bonificaciones fiscales para
nuevos contratos de alquiler, dependiendo de varios criterios, como la disminución
de la renta o la edad del arrendatario.
Además, se permite un
incremento adicional del 10% en la renta para viviendas que hayan sido objeto
de rehabilitación o mejora en los últimos dos años, así como para contratos de
alquiler a largo plazo.
Para distintos escenarios
de arrendamiento, se establecen reglas específicas, como la fijación de rentas
en zonas tensas para grandes y pequeños tenedores, así como la aplicación de
índices de referencia en casos donde la vivienda no ha sido arrendada en los
últimos cinco años.
Estas medidas buscan
abordar la problemática del mercado de alquiler en Cataluña, proporcionando
regulaciones específicas para garantizar una mayor transparencia y equidad
tanto para arrendadores como arrendatarios en un contexto de tensión
residencial.