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Cataluña y las nuevas zonas tensionadas: Todo lo que debes saber

El 9 de octubre, Cataluña amplió a 271 el número de municipios en los que se impuso un límite a los precios del alquiler. Esta medida incluyó a 131 nuevas localidades, que se sumaron a las 140 previamente declaradas como zonas de mercado residencial tensionado desde marzo, cuando el listado se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así, más del 90% de la población catalana ya vive en áreas donde se controlan los precios de los alquileres, una medida que las comunidades autónomas tienen la potestad de implementar conforme a la Ley de Vivienda. En Finques Polinyà te contamos todo lo que debes saber al respecto.

El BOE oficializó la inclusión de las 131 nuevas zonas tensionadas en Cataluña, tras una solicitud que la Generalitat había comenzado a gestionar durante el anterior gobierno de Pere Aragonés (ERC) y que continuó bajo el liderazgo actual de Salvador Illa (PSOE). Este proceso inició en abril, un mes después de la entrada en vigor de las primeras 130 zonas tensionadas, las cuales fueron declaradas oficialmente en julio a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La aprobación de esta solicitud por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) era necesaria antes de su publicación en el BOE.

La ampliación de estas zonas con precios controlados coincidió con la publicación de un informe presentado por la consellera Sílvia Paneque sobre la evolución de los precios en las áreas que ya contaban con esta regulación. Según los datos, en las 140 localidades donde la medida ya estaba vigente, los precios de los alquileres subieron únicamente un 0,1% respecto al año anterior, mientras que se redujeron un 5% en comparación con el trimestre previo. En el resto de Cataluña, fuera de las zonas tensionadas, los alquileres aumentaron un 5% interanual, aunque experimentaron una leve caída del 0,6% trimestral.

El gobierno catalán resaltó que, en Barcelona, los alquileres subieron un 0,7% en términos interanuales, pero disminuyeron un 5,2% entre abril y junio. Además, los contratos de alquiler formalizados entre enero y junio descendieron un 10,7%, con una caída del 17,2% en el segundo trimestre. En el resto del territorio catalán, el descenso fue menor, con una reducción del 1,6%.

El Ministerio de Vivienda valoró positivamente esta contención en los precios, destacando que las medidas adoptadas lograron frenar una tendencia de 11 trimestres consecutivos de incremento en los alquileres. Según fuentes ministeriales, este enfoque seguirá aplicándose para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible.

La declaración de una zona como tensionada implica la limitación de los aumentos en los precios de los alquileres y la modificación de las condiciones de los contratos vigentes. Además, los pequeños propietarios pueden beneficiarse de mayores desgravaciones fiscales. Los nuevos contratos estarán limitados a un incremento del 3% respecto al último alquiler, salvo que se realicen mejoras en la vivienda, lo que permitiría un aumento de hasta el 10%.