La Ley de Vivienda cumple un año: Caída de la oferta y subida de los precios
La Ley 12/2023, conocida
como Ley de Vivienda, cumplió un año desde su aprobación en mayo de 2023,
generando profundas repercusiones en el mercado residencial español. Diseñada
para regularizar precios y aumentar la oferta de alquileres permanentes, la ley
se ha enfrentado a críticas generalizadas y ha provocado resultados
contraproducentes, según analistas y actores del sector inmobiliario. En Finques Polinyà te contamos cómo está
la situación actual un año después.
En lugar de estabilizar los
precios como se esperaba, ha resultado en un aumento dramático de los costos de
alquiler en muchas áreas, alcanzando niveles récord. La confianza de los
propietarios se ha visto mermada, llevando a una disminución significativa en
la oferta de alquiler tradicional, mientras que los alquileres temporales y por
habitaciones han ganado terreno al escapar de las restricciones impuestas por
la ley.
Según los expertos, la ley
ha sido más efectiva en generar debate político que en abordar eficazmente la
complejidad del problema de vivienda. La incertidumbre legal y los riesgos
aumentados para los propietarios han intensificado el problema al trasladar la
oferta hacia alquileres de corta duración y turísticos. Cataluña ha sido
pionera al declarar áreas de mercado residencial tensionado, limitando las
subidas de alquileres nuevos, pero esto no ha logrado mitigar la escasez
general de viviendas en alquiler.
El Tribunal Constitucional
validó gran parte de la ley, aunque con críticas hacia aspectos específicos
como las competencias autonómicas en vivienda protegida. Esta validación ha
avivado el debate sobre la extensión de las zonas tensionadas a nivel nacional,
con la oposición de varias comunidades autónomas como Madrid y Andalucía. La
inseguridad jurídica resultante ha llevado a un cambio hacia modelos de
alquiler menos regulados, exacerbando la crisis de accesibilidad a la vivienda
en toda España.
La Ley de Vivienda ha
generado polarización y no ha logrado los objetivos esperados, aumentando los
precios y reduciendo la oferta de vivienda permanente. Las próximas medidas
regulatorias serán cruciales para intentar corregir estos efectos negativos y restaurar
la estabilidad en el mercado de alquiler español.